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Sobre los nuevos requisitos para los Consignatarios de buques

En el día de hoy se ha publicado una noticia en el Diario del Puerto que ha caído como una losa sobre el sector de los Consignatarios de buques.

La noticia (que puede obtenerse en este link https://tinyurl.com/ycf8zoll) informaba sobre la inminente necesidad de que los consignatarios cuenten con una oficina en el puerto en el que actúen como tales, así como con un responsable en la misma.

Sin duda estas medidas, de ser implementadas en esa literalidad, acabaría con la actividad de un gran número de consignatarios, y ello por supuesto ha levantado las alarmas en el sector.

Ahora bien, siendo un texto jurídico, debemos interpretarlo conforme a las normas previstas en nuestro ordenamiento y quizás tras ello podamos concluir que no exista motivo para tanta preocupación.

Los artículos relevantes de la normativa aludida en la noticia son los siguientes:

 

Artículo 9. Obligación de establecimiento en el municipio del puerto.

  1. Será obligación de los agentes consignatarios contar con una oficina o establecimiento dentro del municipio en el que se encuentre la autoridad portuaria o la que sea competente en el puerto en el que desarrollen su actividad.
  2. En aquellos casos en que no hubiera un agente consignatario con establecimiento en el municipio en el que se encuentre la autoridad portuaria, aquel que asuma esta función deberá prestar una atención continua al buque y tener contacto permanente con las Autoridades Marítimas y Portuarias.

 

Artículo 10. Disponibilidad de medios.

  1. Los agentes consignatarios contarán con el personal necesario para el desarrollo de sus funciones, incluyendo un responsable en cada uno de los establecimientos u oficinas con los que cuenten.
  2. Los agentes consignatarios contarán con los recursos y medios que prevean los pliegos de condiciones particulares del servicio comercial de consignación de las Autoridades Portuarias.

 

En primer lugar, el texto es un “proyecto” de Real Decreto. No es por lo tanto firme, definitivo, no es de aplicación y por ahora nada hay que hacer legalmente frente al mismo. Pero ¿debemos prepararnos para darle cumplimiento? Respondamos a cada una de las preguntas:

¿Exige el Artículo 9 realmente una oficina física con varios empleados en el puerto de que se trate?

Obviamente, no. Exige tener un establecimiento, y ese establecimiento puede conforme a ley establecerse de muy distintas maneras, incluyendo una oficina en un centro de negocios del puerto en cuestión por un coste mensual muy reducido.

Tampoco, por ejemplo, nada impide que esos consignatarios afectados puedan unirse y crear y compartir una oficina a la vieja usanza para dar cumplimiento a este requisito con todas las garantías legales.

Con tecnología y un alquiler bajo y compartido sin duda podría cumplirse la literalidad de lo que por ahora exige el proyecto de Real Decreto.

¿Exige el Artículo 10.1 contar con varios empleados en ese establecimiento de cada puerto?

De nuevo, obviamente, no.

Lo que exige es que se cuente con el personal necesario para desarrollar sus funciones. En un momento como el actual, en el que la propia administración fomenta el intercambio de información electrónica y el cumplimiento de todo tipo de trámites marítimo-portuarios de forma electrónica, suena descabellado que lo que se quiera imponer sean costes de explotación innecesarios.

Si se cuenta con el “personal necesario”, se cumpliría con el artículo.

Ahora bien, el problema para esos consignatarios podría venir con el Artículo 10.2, pues los “pliegos de condiciones particulares del servicio comercial de consignación de las Autoridades Portuarias” podrían establecer otro tipo de requisitos difíciles o, directamente, imposibles de cumplir.

Ante los mismos, con todo, se deberán estudiar caso a caso y comprobar dos extremos. Primero, si atacan a la libertad de empresa consagrada en nuestra Constitución. Y, segundo, si contraviene la normativa de Competencia aplicable en nuestro país.

Esa normativa de competencia que tantos disgustos ha dado ya a asociaciones empresariales de este mismo sector. Y es parece que no aprendemos. Si lo que se quiere con esta normativa es proteger al operador, digamos, local, no tengo ninguna duda que seguirá el mismo camino que toda la normativa y actuaciones que han terminado en fuertes sanciones por parte de las autoridades de Competencia.

Si por el contrario, ayudan a mejorar más aun si cabe la profesionalización del sector, deberemos aplaudirla.

Debemos estar pues atentos al desarrollo de este proyecto de Real Decreto y una vez aprobado mover ficha para que no resulte en un instrumento legislativo que destruya la actividad económica generada por aquellas empresas consignatarias que tan diligentemente han venido desarrollando su actividad hasta ahora.

 

Dr. Miquel Roca
Socio Director
Blas de Lezo Abogados
www.bdlezo.com

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