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El procedimiento monitorio y la sumisión expresa

El procedimiento monitorio y la sumisión expresa

Es cada vez más común, en las relaciones contractuales, que las partes acuerden someterse expresamente a los Juzgados y Tribunales de un determinado lugar, para que sean éstos quienes resuelvan las controversias que puedan surgir entre las mismas. De tal manera que, en principio, en caso de conflicto entre las partes, la demanda judicial deberá de interponerse ante los Juzgados y Tribunales que expresamente hayan pactado las partes.

No obstante lo anterior, con la ley en la mano, dicha sumisión expresa puede no operar en determinadas situaciones, como son, cuando, por cuestiones de materia, la ley expresamente la prohíbe, o bien, por cuestiones procedimentales, esto es, cuando la demanda declarativa que se interponga deba de ventilarse por los cauces del procedimiento verbal, monitorio o cambiario (art. 54.1, 813 y 820 de la L.E.C). En estos últimos casos, la demanda deberá de interponerse, obligatoriamente, ante los Juzgados y Tribunales del domicilio del demandado, no siendo válida la cláusula de sumisión expresa.

Siendo ello así, cabe plantearse la siguiente cuestión: ¿En caso de existencia de una cláusula de sumisión expresa, qué Juzgados y Tribunales son competentes para conocer del declarativo ordinario posterior al procedimiento monitorio? ¿Los Juzgados y Tribunales que han conocido previamente del procedimiento monitorio, o bien los Juzgados y Tribunales a los que expresamente se hubieren sometido las partes? (Asumiendo, evidentemente, que divergen los unos y los otros).

La ley es clara respecto al procedimiento monitorio, al procedimiento verbal y al procedimiento cambiario. En estos casos, no cabe la sumisión expresa. No obstante, es también clara respecto al procedimiento ordinario. En dicho caso, sí cabe. Por lo que, ¿Cómo se conjuga esta posible contradicción? Si soy demandante, en caso de oposición del deudor a la demanda de juicio monitorio, ¿Dónde debo interponer la posterior demanda de procedimiento ordinario? ¿Qué riesgos tengo? Y si soy demandado, ¿En qué momento debo de interponer la oportuna declinatoria?

Las respuestas a estas preguntas no las encontraremos en la ley, sino que deberemos acudir a la interpretación jurisprudencial de la misma. El Tribunal Supremo, tras diversas resoluciones contradictorias de distintos juzgados, ha confirmado mediante Auto de fecha 3 de noviembre de 2016 lo que ya afirmó mediante Auto de fecha 12 de julio de 2007, esto es, que “en estos supuestos el demandado puede proponer declinatoria por falta de competencia territorial fundada en la sumisión expresa, sin que prevalezca una hipotética competencia funcional por conexión”.

Y ello es así, por cuanto, las normas imperativas del art. 813 de la L.E.C lo son en exclusiva para el proceso monitorio, que no para el posterior declarativo ordinario. Por lo que, nada obsta a que, si la demanda de juicio ordinario es presentada ante el juzgado que conoció del procedimiento monitorio, el demandado pueda, entonces, interponer la correspondiente declinatoria por falta de competencia territorial, en el plazo de diez días desde la notificación de la demanda. La oposición a la demanda de juicio monitorio en ningún caso puede considerarse una sumisión tácita al juzgado conocedor de dicho procedimiento.

Ello nos confirma que el demandante, en el momento de interponer la demanda de juicio ordinario, debe ser muy cuidadoso, pues, en caso de no presentarla ante los Juzgados y Tribunales a los que las partes se sometieron de manera expresa, corre el riesgo de que la parte demandada interponga la oportuna declinatoria, la cual debería de ser íntegramente estimada, con posibilidad de condena en costas a la demandante. Comportándole, así, además de un evidente coste adicional, la consiguiente dilación del procedimiento.

Por todo ello, como norma general a los efectos de evitar las referidas consecuencias y tras analizar el caso concreto, el demandante podría presentar la demanda de juicio ordinario, en el plazo de un mes desde la notificación de la oposición, ante los Juzgados y Tribunales a los que las partes se sometieron de manera expresa, aportando, asimismo, la copia sellada de dicha demanda ante el juzgado conocedor del procedimiento monitorio, a los efectos de evitar una posible condena en costas en el marco de dicho procedimiento. Desde Blas de Lezo siempre recomendamos contar con la opinión de un jurista antes de llevar a cabo cualquier acción judicial.

 

Ana Fort

Abogada

Blas de Lezo

Sobre los nuevos requisitos para los Consignatarios de buques

Sobre los nuevos requisitos para los Consignatarios de buques

En el día de hoy se ha publicado una noticia en el Diario del Puerto que ha caído como una losa sobre el sector de los Consignatarios de buques.

La noticia (que puede obtenerse en este link https://tinyurl.com/ycf8zoll) informaba sobre la inminente necesidad de que los consignatarios cuenten con una oficina en el puerto en el que actúen como tales, así como con un responsable en la misma.

Sin duda estas medidas, de ser implementadas en esa literalidad, acabaría con la actividad de un gran número de consignatarios, y ello por supuesto ha levantado las alarmas en el sector.

Ahora bien, siendo un texto jurídico, debemos interpretarlo conforme a las normas previstas en nuestro ordenamiento y quizás tras ello podamos concluir que no exista motivo para tanta preocupación. more…

Barcelona International Summer School in Maritime Law 2018

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LOS IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE VENTAS A DISTANCIA

LOS IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE VENTAS A DISTANCIA

 

Es hecho notorio que hoy en día, las ventas a distancia se han convertido en un uno de los medios de comercialización más utilizados. Por ventas a distancia debemos entender aquellas celebradas sin la presencia física simultánea del comprador y del vendedor, donde, tanto la oferta, como la aceptación, se realizan de forma exclusiva mediante una técnica de comunicación a distancia de cualquier naturaleza.

En cuanto a su regulación, debemos atenernos a lo dispuesto en la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, en cuyo artículo 4.33 define el sistema de ventas a distancia dentro del ámbito de las operaciones intracomunitarias:” “Ventas a distancia”. Sistema de circulación intracomunitaria de productos objeto de impuestos especiales de fabricación por los que ya se ha devengado el impuesto en el Estado miembro de origen, que sean adquiridos por una persona que no sea ni un depositario autorizado ni un destinatario registrado establecido en otro Estado miembro, y que no ejerza actividades económicas independientes en relación con dichos productos, con las restricciones que se establecen en el artículo 63 (aplicables únicamente a las labores del tabaco), siempre que tales productos sean enviados o transportados, directa o indirectamente, por el vendedor o a cargo del mismo y que se cumplan las condiciones y requisitos que se establezcan reglamentariamente.”

Asimismo, y en lo relativo al régimen de tributación, destacar el artículo 68 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Cabe remarcar que el sistema de ventas a distancia se trata de un procedimiento exclusivo de la circulación intracomunitaria de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación. Estos productos deben tener los impuestos especiales devengados en el Estado miembro de origen, pudiendo ser objeto de devolución una vez que se pruebe que se ha producido el pago en el Estado miembro de destino donde van a ser consumidos.

En este tipo de ventas, el vendedor de los productos deberá ser siempre un empresario, acreditando su condición como tal, previo cumplimiento de las obligaciones registrales previstas en la demarcación territorial donde se devenguen los impuestos especiales, siendo ésta la localización desde donde se efectuarán los envíos.

Son muchas las particularidades y exigencias reglamentarias que exige este tipo de comercialización intracomunitaria, como son la necesidad de cumplir con los requisitos de representación en el país de destino, cumplimiento que yace conexo a las obligaciones fiscales y requisitos que se establezcan reglamentariamente, como lo son las obligaciones en materia de inscripción, contabilidad, garantía y pago de los impuestos especiales de fabricación correspondientes a los productos enviados por el vendedor que representa.

Tales obligaciones están relacionadas con la obligación de presentar la documentación de circulación que se exigirá en cada país de destino, debiendo cumplir con las especificidades de cada Estado, pudiéndose aplicar multas tributarias en caso de desatender las obligaciones fiscales que procedan en su caso.

Y es que a quien recae la responsabilidad de cumplir con las obligaciones en el Estado miembro de destino derivadas de la utilización del sistema de ventas a distancia es al vendedor, quien, a su vez, deberá actuar mediante un representante fiscal.

Como regla general, las ventas de bienes a particulares tributan donde se inicia el transporte, pero con este régimen, si se sobrepasa una cifra de ventas a un mismo país, pasarán a tributar en éste. De modo que únicamente cuando en ese año se hayan superado dichos umbrales, se aplicará el IVA del Estado miembro de destino. Será potestad de cada país fijar los umbrales, por lo que es responsabilidad de cada empresario tener conocimiento de la existencia de estas cifras.

Existe también la posibilidad de que el empresario opte por la tributación en destino de todas las ventas efectuadas para un mismo Estado miembro, aunque el volumen de esas ventas no haya superado el umbral establecido. En este caso concreto, la tributación y ejercicio de esta opción deberá comunicarse mediante la correspondiente declaración censal de alta, y modificación en el año anterior al que surta efecto o antes del inicio de operaciones si estamos ante un inicio de actividad.

Caso distinto es el previsto en el artículo 68.Cuatro de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, de cuya redacción podemos extraer que cuando dichas entregas tengan por objeto bienes que sean objeto de Impuestos Especiales, no se entenderán realizadas en ningún caso en el territorio de aplicación del impuesto. Éstas entregas de bienes se entenderán siempre realizadas en el Estado miembro en el que se encuentren los bienes en el momento en que finalice su expedición o transporte con destino al adquiriente. Así pues, el vendedor estará siempre efectuando entregas sujetas al IVA vigente en cada uno de dichos Estados miembros. Los bienes sujetos a Impuestos Especiales siempre tributarán el IVA en destino.

Por todo ello, y a la vista de la complejidad en el cumplimiento de los requisitos tanto legales como propios de cada Estado miembro, es esencial y les recomendamos encarecidamente que consulten con sus abogados o especialistas, quienes les podrán orientar y asesorar para que las ventas a distancia que pretendan realizar no contravengan la normativa aplicable.

En todo caso recordarles que el equipo de Blas de Lezo queda a su entera disposición y estará encantado de ayudarles en cualquier consulta que pudieran tener respecto a la participación en cualquier venta a distancia.

 

Núria Alquézar

Blas de Lezo

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D: +34 934192489 | M: +34 675575843

nalquezar@bdlezo.com | www.bdlezo.com

 

Typical provisions of submarine cables installation contracts

Twenty first century is the era of high technologies where increasing dataflow requires speedy communications and transfer of information over large distances in a limited period of time. All communications facilities including high-speed internet, calls, and emails are nowadays carried by modern fiber-optic telecommunications cables laid on the bottom of the oceans. Apart from technical and engineering challenges arising in connection with cable installation, maintaining and reparation there are also legal aspects of interest to be mentioned. Summarizing cable industry experience, this article is devoted to legal regime of submarine cables under typical cable installation contracts. more…

Barcelona International Summer School in Maritime Law 2017

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La Liberalización de la Estiba

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A small note on the new Spanish stevedores’ labour system

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A Small Note on The New Spanish Stevedores’ System

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